Las garantías jurídicas de los usuarios del comercio electrónico

Abstract

La celebración de contratos electrónicos a través de Internet se ha generalizado, dando lugar a un importante crecimiento económico y a nuevas relaciones jurídicas en la Red y en este sentido, es necesario determinar los diferentes aspectos que afectan a las nuevas relaciones jurídicas para integrar esta reciente forma de comercio en las figuras tradicionales del negocio jurídico y aplicar las mismas reglas. En esta investigación, pretendemos presentar los diferentes aspectos que inciden en el negocio jurídico que se desarrolla entre las partes, así como la normativa que se ha ido generando alrededor de esta nueva forma de comerciar, presentando los principios básicos que rigen este nuevo modelo de contratación. Partimos, para concretar el objeto de nuestro estudio, del estudio de la normativa nacional y europea, constatando que los contratos electrónicos se encuentran sometidos a las normas generales de contratación existentes en nuestro derecho, en las que encuentran su fundamento. También observamos que los contratos electrónicos presentan ciertos retos, como su conservación física y la preservación de su autenticidad en el transcurso del tiempo: la seguridad técnica y la seguridad jurídica, por lo que se ha establecido la firma electrónica reconocida, que se convierte en una manifestación de la voluntad del firmante, respecto del contenido que figura en el documento al que va incorporada. Asistimos a ver una profunda reforma de la normativa europea, que ha incidido en nuestra normativa nacional, que ha ido desde una protección genérica y dispersa de la figura de los consumidores y usuarios en sus relaciones con los empresarios, hasta normas más uniformes que tratan de proteger al consumidor, en cualesquiera situaciones de conflicto que se encuentren frente a los empresarios en general. Finalizamos nuestra investigación con el estudio de la resolución judicial y extrajudicial de los conflictos entre los empresarios y los consumidores, como garantía en sus relaciones jurídicas, lo que ha llevado al legislador comunitario e internacional a establecer un nuevo marco legal, en aras a una mayor uniformidad y armonización del comercio electrónico, para proteger a los consumidores, de modo que no queden desamparados en sus relaciones entre sí en el ámbito privado, y, en caso de conflicto, puedan obtener el amparo de la Justicia o de otras instancias extrajudiciales.