Valoración de la prueba y otras cuestiones controvertidas en los procesos por responsabilidad patrimonial sanitaria

Resumen

Esta monografía trata sobre las principales cuestiones procesales y materiales que llevan consigo los casos por negligencia médica que se presentan ante los Tribunales contencioso-administrativos, orden jurisdiccional competente por ser la red sanitaria pública donde mayor número de actos médicos se practican en España. Este estudio anuncia las respuestas de los Tribunales, realiza críticas sobre algunas de sus pronunciamientos oscilantes y, en todo caso, sitúa al lector ante la complejidad de la cuestión para orientarle sobre cómo poder resolver la cuestión o asumir riesgos de sus planteamientos que puedan serles transmitidos ex ante al ciudadano, a la Administración, al Profesional, a la Aseguradora o a la Mutua. Así, tras una introducción a la responsabilidad patrimonial sanitaria y el concepto de lex artis ad hoc, y otra introducción sobre la valoración de la prueba como actividad jurisdiccional, nos adentramos en el objeto de la prueba del daño, su contenido y cuantificación, y la aplicación de baremos. A continuación, se analizan los diferentes medios de prueba en este tipo de litigios, como lo son el expediente administrativo, la prueba documental, cuyo documento más relevante para construir el relato histórico es la Historia Clínica, o los criterios de selección entre periciales. También se estudia la doctrina de la pérdida de oportunidad y el daño desproporcionado, justificaciones legales para la inversión de carga de la prueba en beneficio del paciente, así como otras presunciones y principios que pueden dar con un resultado alejado del viejo brocardo actor incumbit probatio. También se pone el acento en otras cuestiones controvertidas de gran interés en este tipo de conflictos como lo son la excepción de la desviación procesal, la falta de cobertura de la aseguradora como excepción de falta de legitimación pasiva, o los supuestos de legitimación cuando el administrado acude a un centro concertado. También los intereses especiales de la Ley de Contrato de Seguro, las costas procesales y la disparidad de criterios reinantes, la temida prescripción, que puede desplegar efectos perniciosos para el reclamante si no se distingue bien entre daños permanentes y continuados, las diferentes fórmulas utilizadas para la actualización de la indemnización, la posibilidad de la revisión de las sentencias sobre error de valoración probatoria, el por qué no resulta de aplicación la ley de defensa para los consumidores y usuarios en este tipo de conflictos y sus beneficiosos efectos para aquellos, el silencio administrativo y la excepción de caducidad a la hora de acceder al recurso contencioso-administrativo, y el reproche que, en defensa de los ciudadanos, han realizado los órganos jurisdiccionales a la actuación de la Administración al entender que no resulta de aplicación dicho impedimento procesal tantas veces esgrimido. Todas las anteriores preguntas y sus respuestas ahondan claramente en la seguridad jurídica, lo que puede resultar de gran ayuda para cualquier profesional del derecho o de la sanidad que se enfrente ante este tipo de conflictos, pues se trata de avanzar en la unificación de criterios no solo de derecho procesal y material, sino también sobre valoración probatoria, en cuya actividad las máximas de la experiencia a la luz de la sana crítica despliegan un papel fundamental para la resolución de asuntos tan complejos como los que aquí se analizan