Desarrollo de una metodología para la gestión interna de proyectos en la administración pública

Resumen

Una de las tareas en la gestión de proyectos en la Administración Pública es la selección de la empresa que presente la oferta económica más ventajosa en el proceso de licitación. Probablemente, una de las causas de mayor preocupación y descontento social, y más extendido por la gran mayoría de países del mundo, son los sobrecostes en la licitación. Al hacer pública la licitación en una obra no SARA por tramitación ordinaria y procedimiento abierto uno de los documentos más importantes, y sobre el que prevalecen sus cláusulas por encima de las cláusulas del contrato final, es el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). En él que se establecen, además del contenido del propio contrato, los criterios que deberán cumplir las empresas para que sean consideradas en la selección del licitador (criterios de solvencia) y los criterios de adjudicación para establecer el orden de preferencia de la empresa que ejecutará la obra. Uno de los orígenes de los sobrecostes puede deberse al interés particular por adjudicar las obras a una determinada empresa, seleccionando dichos criterios para que la empresa ¿amiga¿ obtenga la mayor puntuación. Otro de los problemas, son las bajas anormales o desproporcionadas que hacen las empresas para conseguir el contrato, para posteriormente recuperar parte de la baja a través de los llamados ¿modificados¿. En el presente trabajo se han analizado 141 PCAP obtenidos de los 50 Ayuntamientos de las capitales de provincias españolas, cuyas conclusiones han sido las siguientes: ¿ Tan sólo el 30 % de los PCAP se ajustan en su totalidad a la legalidad de los criterios que marcan las Juntas Consultivas, Tribunales Administrativos y Tribunal Supremo mediante sus informes, recomendaciones y sentencias. ¿ Siguen existiendo casos de PCAP donde la valoración de la puntuación del criterio precio no se ajusta a la legalidad vigente. ¿ Tan sólo el 50 % de los criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas empleados por los Ayuntamientos se ajustan a la legalidad. ¿ Tan sólo el 68 % de los criterios evaluables mediante juicio de valor empleados por los Ayuntamientos se ajustan a la legalidad. ¿ Los criterios para la apreciación de una baja como anormal o desproporcionada no parecen suficientes como para evitar los casos de posibles manipulaciones interesadas. ¿ En el 90 % de los PCAP no se garantiza que la obra no pueda salir nuevamente a licitación, de manera que se eviten retrasos y pérdidas económicas en el proceso. ¿ La gestión de modificados no es lo suficientemente transparente como para que el resto de empresas que se han presentado a la licitación puedan defender sus derechos de libre competencia ante la justicia. Las propuestas realizadas en este trabajo tratan de aportar una posible solución a estos problemas, ajustando dichas propuestas a la legislación vigente y estando alineadas con las resoluciones de los informes, dictámenes y sentencias, tanto de las Juntas Consultivas como de los Tribunales.